
Antes del estallido de la Revolución Mexicana (1910-1917) y durante una buena parte de ésta, las tierras de cultivo pertenecían a pocos terratenientes, quienes pagaban muy mal la mano de obra de los trabajadores, y el resto de la población no tenía espacio para su sustento y desarrollo. Aunque el conflicto armado, originalmente, empezó con el objetivo de quitar a Porfirio Díaz del poder, se derivaron diversas guerrillas entre los revolucionarios que, a su vez, luchaban por distintos fines; uno de ellos era la repartición equitativa de la tierra.
En este sentido, el 6 de enero de 1915, Venustiano Carranza, líder revolucionario, desde la ciudad de Veracruz, promulgó la Ley Agraria, la cual permitía la expropiación de grandes terrenos para segmentarlos y repartirlos entre los campesinos y las comunidades indígenas, de una manera equitativa; es decir, democratizó el acceso a la tierra. Para ello, se eliminaron las enajenaciones, las concesiones y las ventas de agua, lotes y montes. De igual manera, la ley contempló la creación de una Comisión Nacional Agraria y comisiones locales en cada estado.
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